10 de Octubre del 2019

Situación de desprotección

Comunicado ante información publicada recientemente acerca de una situación de abuso por parte de un voluntario en uno de nuestros programas.

Comunicado

Desde Aldeas Infantiles SOS fundamentamos nuestro trabajo en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que se traducen en nuestra Política de Protección Infantil (PPI). En consonancia con esta política, contamos con mecanismos de denuncia y respuesta frente a posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes participantes de nuestros programas. 

A mediados de 2017, la fundación española Iter nos propuso implementar en Uruguay su proyecto educativo-recreativo Aprende y Emprende, que implicaba el desarrollo de un invernadero y de diversos talleres para niños, niñas y adolescentes llevados adelante por un matrimonio de ingenieros agrónomos. Iter tenía experiencia en la implementación de proyectos similares en otros países de América Latina y contaba con una experiencia reciente del año 2017 en Aldeas Infantiles SOS España. Así, luego de analizar la propuesta e investigar sus antecedentes, firmamos un acuerdo para comenzar a implementar los talleres en enero de 2018 en el servicio de Cuidado Alternativo del Programa Montevideo. 

Es importante mencionar que al inicio de la propuesta brindamos al matrimonio una completa inducción en protección infantil, al tiempo que solicitamos su adhesión a los protocolos y reglamentos internos que regulan el trabajo de nuestros/as colaboradores/as. En la misma línea, durante el proceso les brindamos directrices específicas acerca de la presencia de al menos un/a adulto/a referente del programa en cada uno de los talleres, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro para los/as niños, niñas y adolescentes participantes. 

Ni bien tomamos conocimiento de la situación de posible abuso a niños, niñas y adolescentes por parte del técnico voluntario de Iter, actuamos con celeridad, interrumpiendo la ejecución del proyecto, iniciando una investigación interna en la que participaron técnicos/as externos/as al programa y presentando la denuncia penal. Es pertinente señalar que durante el proceso de investigación que llevamos adelante recogimos el testimonio de los niños, las niñas y los/as adolescentes, asegurándoles un marco de protección y no revictimización. Asimismo, mantuvimos informadas a las autoridades de Inau, con quienes trabajamos en permanente coordinación para al abordaje del tema. 

Finalmente, como resultado de un juicio oral en el que tanto adultos/as como niños, niñas y adolescentes dieron su testimonio, el pasado 26 de agosto la Justicia falló condenando al voluntario a la pena de seis años y seis meses de penitenciaría “como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados”. Como penas accesorias, la sentencia judicial incluye la suspensión del ejercicio de la patria postestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños y adolescentes, la inhabilitación por un plazo de diez años para el ejercicio de funciones públicas y privadas en todas las áreas que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como la reparación patrimonial para cada una de las víctimas. 

Por último, recordamos que la protección de los niños, las niñas y los/as adolescentes que están bajo nuestro cuidado es nuestra prioridad. Es por eso que, de manera continua, revisamos nuestros estándares y procesos de atención con el objetivo de mejorarlos. En este marco, tenemos la convicción de estar implementando las acciones necesarias para garantizar los derechos de los/as participantes de nuestros programas, brindándoles el entorno de seguridad y protección que les corresponde.