Contra el Maltrato Infantil y Adolescente

En 2021, el Sistema Integral de Protección a la Infancia (SIPIAV) detectó, registró e intervino en 7035 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica un promedio de más de 19 situaciones por día. El 56 % de las situaciones registradas corresponden a niños, niñas y adolescentes con 12 años o menos, destacándose el 19 % en menores a 5 años. Las situaciones continúan siendo crónicas y recurrentes. 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de vulneración de derechos y es un problema que atraviesa a todas las franjas sociales, culturales y económicas. Pero este no es un asunto de puertas adentro. Nos compromete como sociedad, en tanto que el Estado y las comunidades somos corresponsables en garantizar sus derechos. Luchar contra la violencia implica abordar las causas estructurales que pueden derivar en situaciones de abuso y maltrato.  

En este sentido, entendemos que es fundamental acompañar a las familias y promover pautas de crianza respetuosas y saludables, pero también creemos firmemente que la prevención de la violencia y el maltrato se asientan en el trabajo conjunto que posibilita las condiciones necesarias para poder criar en entornos seguros y protectores. 

Para asegurar el cuidado y la protección es necesario garantizar condiciones adecuadas de vivienda, alimentación, salud y educación, así como el acceso a la recreación y a espacios de expresión y participación ciudadana para todos/as los niños, las niñas y los/as adolescentes.  

Según los últimos datos del INE correspondientes al segundo semestre de 2021, “la población comprendida entre los tramos de menores de 6 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años es donde se registra la mayor incidencia de la pobreza, independientemente de la región del país que se considere”. La pobreza incide en el 21 % de los niños y las niñas menores de 6 años, en el 20.3 % de quienes tienen entre 6 y 12 años y en el 18.9 % de los y las adolescentes entre 13 y 17 años.  

La infantilización de la pobreza fragiliza fuertemente las vidas de niños, niñas y adolescentes, así como también la falta de respuestas adecuadas para aquellos y aquellas en situación de discapacidad y/o con diagnósticos asociados a la salud mental y la revictimización y la estigmatización a las niñeces y adolescencias en situaciones y condiciones de vulnerabilidad.   

Prevenir la violencia hacia niños, niñas y adolescentes implica un trabajo sostenido con las familias, pero también la revisión y el mejoramiento de las prácticas técnicas e institucionales que intervienen directamente sobre sus vidas. Esto incluye al sistema educativo, a la salud, a la vivienda, al sistema de protección, al derecho a la ciudad y la apropiación de los espacios públicos, al respeto y el acompañamiento a la diversidad.  

Como organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, consideramos fundamental reforzar el trabajo interinstitucional que garantice la igualdad de acceso a oportunidades para las familias y el involucramiento de las comunidades y los/as referentes territoriales en el diseño de las políticas públicas, en tanto son actores primordiales en la generación de redes que apoyan la crianza de niños, niñas y adolescentes. También es necesario reformular nuestra cultura adultocéntrica que, entre otros aspectos, supedita la voz de los niños, las niñas y los/as adolescentes frente al mundo adulto, para ejercer una escucha activa que incorpore su voz en los asuntos que afectan sus vidas.  

Frente a cada necesidad insatisfecha, frente a cada falta de respuesta ante un derecho vulnerado estamos perjudicando el presente y el futuro de niños, niñas y adolescentes. Cuidar y proteger debe ser un compromiso de todos y todas.