¡Cuida de mí!
El derecho de los/as niños, niñas y adolescentes a recibir un cuidado de calidad.
Por Cynthia Pérez, coordinadora de Promoción y Defensa de Derechos y Abogacía.
En nuestro país más de 4.000 niñas, niños y adolescentes viven totalmente privados del cuidado de sus familias, en distintas modalidades alternativas de cuidado, mayormente centros residenciales gestionados por INAU o por organizaciones de la sociedad civil en convenio con este y dentro del sistema de cuidadoras. Muchas preguntas surgen de este simple dato: ¿quiénes son estos/as niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo son separados/as de sus familias? ¿Cómo llegan a cada modalidad de cuidado y cómo viven en ellas? ¿Tenemos un Estado que protege?
La mayor parte de los/as niños, niñas y adolescentes en situación de amparo fueron separados/as de sus familias a causa de situaciones de violencia doméstica y de género. Víctimas de maltrato, abuso y negligencia por parte de algún/a adulto/a, son revictimizados/as por el sistema de protección al ser sacados/as de sus hogares y puestos/as en situación de institucionalización.
La violencia doméstica representa uno de los mayores problemas sociales de nuestro país. En 2012, cada 9 días fue asesinada o se intentó asesinar a una mujer por esta causa. A su vez, el 74,2 % de los homicidios cometidos contra las mujeres fue en situaciones de violencia doméstica. Esto representa una fuerte vulneración a los derechos humanos de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes y trae graves secuelas a nivel físico, psicológico y relacional, tanto en el ámbito personal como social.
La violencia contra las mujeres provoca fuertes daños en las capacidades de ejercer su ciudadanía y derechos, particularmente del derecho a cuidar de sus hijos/as, ya que, además afectar las capacidades de brindar cuidado, la intervención del Estado termina muchas veces en la separación de los/as niños, niñas y adolescentes de la familia y en su institucionalización, sobre todo en los hogares en situación de exclusión social, donde se carece de otras redes de apoyo familiar o comunitario.
La Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay destacan el rol de la familia como el ámbito más apropiado para brindar protección a niños y niñas, y establecen la responsabilidad del Estado en garantizar que estas puedan cumplir esta función, mediante todos los apoyos que sean necesarios.
Estas normativas también señalan que un/a niño, niña o adolescente solo puede ser separado/a de su familia como medida de último recurso y por el menor tiempo posible. En este mismo sentido, en el año 2009 se aprobaron las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de Naciones Unidas, que establecen como uno de sus principios rectores la responsabilidad de los Estados de abordar y dar respuestas a las causas que obstaculizan el cuidado de los/as niños, niñas y adolescentes.
En aquellos casos en los que las familias renuncien al cuidado de sus hijos/as (o aún cuando con los apoyos necesarios no puedan brindarles protección), la normativa indica que debe proporcionarse un entorno de acogimiento adecuado para cada niño, niña o adolescente según sus necesidades particulares y las de su familia, desde donde se trabaje en revertir las causas que llevaron a la separación y se logre una revinculación familiar.
En Uruguay, la realidad de los/as niños, niñas y adolescentes privados/as del cuidado de sus familias está marcada por constantes vulneraciones de sus derechos: institucionalización como medida de protección; falta de trabajo con sus familias de origen para revertir las causas de separación y para mantener el vínculo con estas, por lo cual los/as niños, niñas y adolescentes pasan períodos de varios años de privación del cuidado familiar; colocación en hogares según la disponibilidad de cupos y no según las necesidades de cada niño, niña o adolescente, lo que trae consigo separación de grupos de hermanos/as y de su lugar de residencia habitual; entornos numerosos que, sumados a la alta rotación de los/as niños, niñas y adolescentes y el personal de atención, no permiten un cuidado individualizado ni el logro de referentes afectivos estables.
Para proteger y garantizar derechos, los esfuerzos deben dirigirse a priorizar la implementación de políticas, programas y acciones de fortalecimiento familiar, orientados a fortalecer las capacidades de cuidado desde el punto de vista material, con apoyo económico y apoyo en habilidades para las tareas de cuidado. En situaciones de violencia, garantizando mecanismos que permitan proteger a los/as niños, niñas y adolescentes, separándolos de la persona agresora y protegiendo su derecho a vivir en familia.
"¡Cuida de mí!" es una campaña internacional de incidencia que viene llevando a cabo Aldeas Infantiles, a la que hoy se han integrado 46 países de 4 continentes. Su objetivo es incidir en la legislación, políticas públicas y prácticas institucionales de las regiones y países, dirigidas a niños, niñas y adolescentes privados/as del cuidado de sus familias para que se incluyan los principios establecidos en las Directrices de Naciones Unidas.
En Uruguay, Aldeas Infantiles ha dado grandes pasos en la implementación de un modelo con enfoque de derechos, un modelo de prevención, destinando cada vez más recursos humanos y materiales a sus acciones de fortalecimiento familiar y trabajo con las familias de origen.
En muchas comunidades la organización ha logrado ser un referente en abordaje de situaciones de violencia doméstica y de género, en trabajo para el desarrollo de habilidades de cuidado como una tarea que debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres, así como en el apoyo a la consecución de prestaciones sociales, mejoras en las condiciones de vivienda, acceso a salud y educación.
Todas estas acciones fortalecen a las familias, pero esencialmente aportan en la construcción de una sociedad donde los/as niños, niñas y adolescentes no son objetos que pertenecen a sus padres, al Estado u otras instituciones, sino que son personas titulares de derechos, con derecho y necesidad de recibir un cuidado de calidad y las familias, organizaciones y Estado los responsables del brindarlo.