Derechos aquí y ahora
Este 20 de noviembre es el Día Universal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fecha que conmemora un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado vinculante aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por Uruguay el 28 de setiembre 1990. A partir de su aprobación, los/as niños, niñas y adolescentes son reconocidos/as como sujetos de derecho y no como objetos de protección.
En los últimos 30 años, Uruguay ha implementado múltiples políticas públicas y programas destinados a garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ejemplos de ello son el avance hacia la universalización de la educación a partir de los 3 años, los esfuerzos para erradicar la internación en niños y niñas menores de 3 años, la implementación de modalidades alternativas de cuidado (como Atención en Contexto y Familia Amiga), el trabajo en prevención de la separación familiar y en el fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias y la creación de comités de recepción local en todo el país que atienden situaciones de violencia.
Sin embargo, nuestro país continúa enfrentando múltiples desafíos que ponen de manifiesto la necesidad de respuestas urgentes. Uno de ellos es la creciente infantilización de la pobreza. Según el informe Incidencia de la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Uruguay, elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay en abril del 2021, el 20.2 % de los/as niños, niñas y adolescentes se encuentra bajo la línea de pobreza.
Otro fenómeno preocupante es la prevalencia de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Según el informe del primer semestre de 2021 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, se registraron 3957 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes (este dato no representa la totalidad de los casos de abuso y maltrato, sino que da cuenta exclusivamente de las situaciones registradas). El análisis pone de manifiesto un aumento con respecto a las cifras relevadas en el mismo semestre de 2020 (2559 situaciones), que probablemente corresponda a un subregistro vinculado a la baja asistencia a centros educativos, recreativos y de salud por la emergencia sanitaria. Cuando el distanciamiento se traduce en aislamiento, las redes se debilitan y se favorecen entornos de riesgo.
Las consecuencias de las crisis sociales y económicas profundizan las violencias sobre las poblaciones más vulnerables, especialmente sobre los/as niños, niñas y adolescentes. Como organización que trabaja por sus derechos, consideramos esencial que existan más recursos económicos y programas que trabajen en territorio con las familias.
Por otra parte, las redes comunitarias de apoyo y contención no pueden volver a ser debilitadas. El trabajo en prevención y fortalecimiento de las capacidades de cuidado es fundamental en este escenario en el que la violencia continúa siendo un fenómeno naturalizado y de puertas adentro. Se necesita profundizar el diálogo y la articulación entre el Estado y la sociedad civil organizada, que permita analizar la complejidad de las diversas realidades para brindar más y mejor apoyo a las familias. También es impostergable generar políticas públicas que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas, piso necesario para garantizar el cumplimiento de todos los derechos.
Por cada necesidad insatisfecha, por cada derecho vulnerado al que no se da respuesta estamos comprometiendo el desarrollo de los/as niños, niñas y adolescentes. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar sus derechos aquí y ahora.
Foto: Alea Horst
